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miércoles, 18 de febrero de 2015

Hugo Bustíos: La historia de su asesinato y el ex ministro involucrado


Foto Caretas
 
Era el año 1988, Ayacucho vivía uno de los periodos más violentos durante el Conflicto Armado Interno (CAI). Hugo Bustíos era corresponsal de la revista “Caretas” en esa zona.
 
El  24 de noviembre  Bustíos y su colega Eduardo Rojas se dirigen a la Base de Castropampa para pedir autorización al Comandante EP La Vera Hernández, para ingresar a Erapata donde querían investigar el asesinato de personas a manos de terroristas de Sendero Luminoso.  En ese momento La Vera le dice a Bustíos que un senderista capturado de alias “Sabino” lo había señalado como colaborador de dicho grupo terrorista.  A pesar de eso lo autoriza a ingresar, junto a su colega, a dicha zona.  Previo a eso algunos testimonios dan fe de que una patrulla salió del cuartel con cuatro militares vestidos de civil.

Bustíos y Rojas viajaban en motocicleta y cuando estaban cerca de Erapata fueron emboscados. Aunque Rojas estaba herido, logro escapar, Hugo quedo también herido y fue atrapado por aquellos que los emboscaron. Para matarlo le pusieron una carga de dinamita haciéndola explotar de inmediato.  Los que los emboscaron vestían jeans y polos pero usaban armamento militar. Hugo Bustíos tenía 38 años en ese momento, estaba casado y tenía cuatro hijos menores.

Algo que no esperaban los asesinos es que Eduardo Rojas había logrado reconocer al que coloco la dinamita a Hugo. Se trataba del comandante EP Amador Vidal Sambento.

¿Por qué asesinar a Bustíos? Semanas antes había fotografiado a La Vera y dicha foto había pasado al archivo del fiscal Escobar, encargado de investigar las desapariciones ocurridas en Ayacucho. Al parecer dicho comandante nunca perdono el que su identidad se haya incluido en dichos expedientes del fiscal.

El caso fue archivado por el fuero militar policial a pesar de los varios testimonios que involucraban a oficiales del ejército en el asesinato.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en el año 2002, y durante las audiencias en Huanta, recogió el testimonio de la viuda de Bustíos, la señora Margarita Patiño. La CVR incluyo el caso de Bustíos entre los que se le solicitó al Ministerio Público que investigara por haberse cometido una clara violación de derechos humanos.

La fiscalía denunció al teniente coronel EP Víctor La Vera y al mayor EP Amador Vidal. El año 2007 se determinó que La Vera ordenó el crimen y que Amador Vidal fue uno de los que participaron en la ejecución  y fueron condenados a 17 y 15 años de prisión respectivamente.  No se identificó a los otros integrantes de la patrulla por lo que el Ministerio Público continuo las investigaciones. En el año 2009 Amador Vidal declaró que fue el Capitan EP Daniel Urresti fue quien dirigió la patrulla que asesino a Bustíos y que intento asesinar a Rojas. Esto fue corroborado por La Vera. También revelaron que el cuarto oficial que fue parte del operativo era el Sargento EP Jhnonny Zapata, quien ya había fallecido.

El Ministerio Público a Daniel Urresti  y en junio del 2013 un juez de Ayacucho dispuso la apertura de instrucción contra él como autor mediato por el delito de asesinato y crimen de lesa de humanidad.  En junio del 2013 un juez le abrió proceso penal y se estableció que debe ir al juzgado una vez al mes y que no puede abandonar el país. Actualmente el caso está en la Tercera Fiscalía Penal Nacional. Este año 2015, en estos días de febrero, se debe emitir el dictamen acusatorio.

A pesar de todo lo narrado el señor Urresti ha sido ministro del gobierno de Ollanta Humala, pero al parecer la imposibilidad de seguir retrasando el dictamen acusatorio contra Urresti ha sido la causa de su salida del gabinete. Un ministro que se va sin haber logrado que la inseguridad en las calles disminuya y que en la memoria de mucha gente será recordado por la dura represión contra las marchas de jóvenes, por sus peleas virtuales y por supuesto por los heridos de bala en Pichanaki y el asesinato de Ever Pérez Huamán

Mientras tanto la familia de Bustíos espera Justicia.

miércoles, 26 de marzo de 2014

Javier, Accomarca y la lucha por la justicia


Foto de Tania Rosas: Javier con familiares de victimas de Accomarca. 03 de abril del 2011
 
Domingo 03 de abril del año 2011. Carretera central, cerca de las 4 de la tarde. Llegamos a un local comunal, estábamos en plena campaña electoral y a una semana de las elecciones todo minuto era oro. La invitación nos había llegado unos días antes y por supuesto que Javier fue el primero en pedir que la pongamos en la agenda de la campaña. El recibimiento fue muy lindo, mucho cariño, alegría y palabras gratas para Javier.  El evento comenzo y en el rol de oradores no hubo una o uno solo que no dejara de agradecerle por todo lo que investigo, por todo lo que ayudo y por su inquebrantable lucha en busca de justicia para ellos y ellas.  Así las y los familiares de las víctimas de Accomarca no solo mostraban su apoyo en esta nueva campaña sino que agradecían por todo lo que había hecho. Javier tenía años luchando por las víctimas del conflicto armado interno que vivió el Perú y fue parte de la comisión investigadora de ese caso.

Accomarca es un distrito de Ayacucho en donde hay una quebrada de nombre Lloqllapampa, lugar en donde se levantaba un pequeño poblado  que fue prácticamente borrado del mapa el 14 de agosto de 1985. Hasta ahí llego la patrulla “Lince 7” al mando del entonces sub teniente Telmo Hurtado en busca de terroristas de sendero luminoso, armas o propaganda de dichos subversivos. No hallaron nada.  Luego de la búsqueda reunieron a la población de la zona pero separaron a los hombres de las mujeres. Las mujeres fueron violadas sexualmente por toda la patrulla. Después metieron a la gente en dos chozas y Hurtado ordeno disparar con sus armas y tirar sus granadas a los soldados teniendo como blanco ambas chozas. Para evitar testigos la patrulla volvió a registrar todo el poblado encontrando algunos ancianos y tres niñas escondidos. Se les ejecuto en el acto. Más de 60 personas muertas, incluyendo 26 menores de edad, fue el resultado de la masacre.  Increíblemente algunas personas pudieron huir después de ver lo que paso. Estas personas desaparecieron o fueron asesinadas a lo largo de las siguientes semanas.

Javier Diez Canseco integro la comisión investigadora del senado acerca de lo ocurrido en Accomarca. Cuando interrogaron a Hurtado este dijo que el reglamento y la lucha por la democracia le permitían cometer actos como el ocurrido. Hurtado fue solo sancionado con diez días de arresto de rigor. En 1992 fue juzgado por el fuero militar y sentenciado a seis años por "abuso de autoridad", desechándose los cargos de homicidio calificado.  Es que para ese fuero el campesinado no era humano o era terrorista  y por lo tanto no podía ser asesinado. Ninguno de sus superiores fue condenado.  En 1995, y gracias a la ley de amnistía que dio la dictadura, Hurtado salió libre y se reincorporó al ejército donde siguió ascendiendo de rango. Con la caída de la dictadura y la nueva investigación abierta sobre el caso por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) Hurtado huye del país con rumbo a Colombia para después pasar a los EEUU de donde fue extraditado en julio del 2011.

En una de las audiencias del juicio, y ya con Hurtado presente, este admitió el asesinato de 31 de los campesinos y que le fue dada la orden de mentir para encubrir la masacre y a los superiores que tenían conocimiento de ella.  El juicio continua aun y hoy ha sido citado como testigo el señor Alan García dado que fue durante su gobierno cuando se cometió la masacre y él era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Javier ya no está presente físicamente para ver el día que la justicia llegue, pero aún está en el recuerdo de todas y todos los que lo vimos luchar por este y otros muchos casos y que sabemos que cuándo los culpables reciban la sentencia que se merecen, recordaremos a Javier y sabremos que fue uno de los que ayudo a lograr la tan ansiada justicia.

miércoles, 28 de agosto de 2013

Justicia, Memoria y Reparación

Diez años ya desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) hizo entrega pública de su Informe Final (IF). La historia de lo que ocurrió en el Perú entre mayo del años 1980 y noviembre del año 2000 con más de 17000 testimonios  de víctimas, recomendaciones y conclusiones.  Casi 70 mil Peruanas y Peruanos muertos o desparecidos. Más de la mitad culpa de las hordas terroristas, más de un tercio culpa de los agentes del Estado (PNP, FFAA, CAD).
 
Ya hoy el Registro Único de Victimas (RUV) del Consejo de Reparaciones (CR) acredita casi 200 mil víctimas directas e indirectas del CAI, entre muertos, desparecidos, torturados, personas que sufrieron violación sexual u otros tipos de afectación. Un Registro, que a pesar de la voluntad de las personas del CR ha sufrido fuertes problemas de falta de financiamiento que le posibilite descentralizar mejor su trabajo y llegar a zonas afectadas muy distantes geográficamente.
Miles de víctimas que solo buscan Justicia, Memoria y Reparación. Una reparación que a los largo de los últimos gobiernos ha sido prácticamente dejada de lado, incluyendo a este gobierno, a pesar de las promesas iniciales del señor Ollanta Humala. Una reparación económica que no consideran justa y que aun así solo ha sido entregada a un tercio de las víctimas, reparaciones en educación que no llegan ni al 10% de los beneficiarios, reparaciones en vivienda inexistentes  o incluso intentos de reparación simbólica fuertemente criticados por la derecha y el fujimorismo con la complicidad de muchos medios de comunicación.
Pero hay voluntad de muchos, lo demuestra el Gobierno Regional de Junín o la Municipalidad Metropolitana de Lima, ambos con avances en memoria y reparación. Hay mucha gente aun luchando, hay mucha gente aun apoyando, hay partidos que aun levantamos el tema como bandera de lucha y propuestas programáticas. No podemos permitir que las victimas esperen más años, tenemos que seguir exigiéndole reparaciones y sensibilizando a las autoridades regionales y locales, tenemos que seguir exigiendo Justica, tenemos que lograr que el Gobierno Central, que el señor Ollanta Humala deje de agachar la cabeza ante el señor Castilla y se aumente la reparación económica a las víctimas, una reparación que sea justa y reconozca, al menos en parte, la larga espera y sufrimiento. Justicia, Reparación y Memoria,  son claves para la reconciliación.