¿Paz en Colombia?

El grupo auto denominado “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC), fue fundado a mediados del  año 1964. Tenía  como base militantes de antiguos grupos guerrilleros en territorios que ellos llamaban “liberados”. Formalmente, pasó a llamarse FARC a partir de 1966 y se reivindicaron como brazo armado del Partido Comunista. Aunque a lo largo de los años ha sido considerado un grupo guerrillero por muchos,  gran parte de sus acciones han hecho que sean considerados como un grupo terrorista por  varios países, gobiernos y por gran parte de la opinión pública.

A lo largo de su historia, las FARC y el gobierno Colombiano han entablado varias negociaciones para hallar una salida pacífica a la guerra interna que  sufre este país durante  tantos años y,  aun cuando  hay “frentes” de las FARC que han dejado las armas, nunca se ha llegado a una solución total.

Cuando en Colombia ganó la presidencia Juan Manuel Santos, muchas personas veían en él al “delfín” de Alvaro Uribe, ex presidente fuertemente relacionado a los grupos paramilitares colombianos y  opositor tajante a las negociaciones con las FARC.  Por eso causó  grata sorpresa cuando en setiembre del 2012 se anunció que se estaban entablando serias negociaciones con las FARC para llegar a un acuerdo de paz. Estas negociaciones habían comenzado secretamente meses antes del anuncio público e iban, por lo anunciado,  en buen cambio, tanto así que en mayo se firma el primer acuerdo sobre la cuestión agraria que tenía como puntos el desarrollo económico y social de las áreas rurales y la entrega de tierras a las personas que viven en ellas. Hace tres días (miércoles 06 de noviembre del 2013) se dio a conocer el segundo acuerdo tomado entre las FARC y el gobierno Colombiano, acuerdo sobre la participación política de la guerrilla y movimientos sociales. Este acuerdo incluye garantías para la oposición política, nuevas medidas para impulsar la participación ciudadana y la promesa de que se modificará el sistema electoral colombiano.

Lo más importante de este último punto de acuerdo es que permitiría que al dejar las armas todas las personas que han pertenecido a las FARC puedan reintegrarse al sistema legal colombiano, incluso participando electoralmente, constituyendo partidos políticos. Este ha sido uno de los puntos quizá más controversiales para la opinión pública, pero a su vez uno de los principales para los miembros de las FARC. La firma de este punto permitirá que se vuelva a repetir lo de la Unión Patriótica, partido político firmado por personas que dejaron las armas, pero con las garantías de que no ocurra la masacre a la que fueron sometidos 5000 de sus militantes por parte de los paramilitares de derecha.

Toca ahora hacerle entender al pueblo colombiano la importancia de los acuerdos y de que llegue la paz a su país. Toca también dejar de lado posiciones como la de Álvaro Uribe quien intenta, con el apoyo de algunos medios de comunicación, impedir la firma de los acuerdos con las FARC. Por último, hay que hacerle sentir a Juan Manuel Santos que a pesar de las diferencias políticas que se pueden tener con él, va por buen camino en la tarea por la búsqueda la paz en Colombia, paz que no han podido vivir por casi 50 años.

No salgas con escote

“Anda a lavar ropa nomás”, “mamacita qué buen trasero”, “eres mujer, dedícate a tu casa”,  “Mi amor, con esa falda me vuelves loco”. Estas y muchas otras frases las escuchamos cotidianamente  en las calles, en las casas, en los centros laborales, en todos lados, y hasta son incentivadas por los medios de comunicación. Basta ver el ejemplo que dan los programas que se dicen cómicos o hasta algunas series nacionales en las cuales el machismo, la homofobia y el racismo son parte  natural de sus guiones.

Si bien en el Perú contamos con una “Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual”, ley 27492, esta contempla sólo cuatro espacios de competencia: Centros de trabajo, centros de estudio, instituciones policiales y militares y por ultimo a otros tipos de relación laboral existentes en el Perú. Como se puede apreciar la calle no está dentro del marco de dicha ley. Por su parte, en el Código Penal tenemos el artículo 183 que sin ser específico para el acoso y/u hostigamiento callejero, castiga con pena privativa de la libertad a aquellas personas que en lugares públicos realicen gestos, tocamiento o algún otra conducta de índole obscena. Como se observa, los mal llamados “piropos”, los “sireos”, y más no son parte de los delitos punibles.

¿Cuántas veces más tendremos que escuchar a delincuentes que intentan justificar tocamientos indebidos y hasta violaciones diciendo “ella sonreía mucho”, “pero para qué sale con ese escote”?  ¿Hasta cuándo tendremos un estereotipo de “mujer buena”?  ¿Por qué cada quién no debería vestirse como se sienta más cómodo o cómoda? Creo que las respuestas no pasan ya por un marco normativo que siga penalizando pero que muchas veces o no es conocido o no es aplicado, creo que lo que debemos hacer es esforzarnos por crear conciencia, por sensibilizar. Debemos exigir que desde el colegio, y mediante una adecuada orientación y educación, los patrones sociales que incitan a estos problemas sean superados. Debemos alentar sanciones sociales contra aquellos  y aquellas que incitan y/o difunden como algo “normal” el acoso, sean personas, instituciones o medios.

Porque no debemos de dejar de creer que es posible, que el cambio, poco a poco, puede darse.

Aborto terapéutico, otra promesa incumplida

Cuando se habla de aborto, gran parte de la población tiene reacciones como el susto, el rechazo o la condena.  Recuerdo que guardé por varios años un folleto que una profesora en sexto de primaria me entregó, como a todos los alumnos,  sobre el aborto. Este folleto venía acompañado de texto y de muchas imágenes y bocetos que dejaban a aquellas personas que abortaban, y a las que realizaban el aborto, no sólo como asesinos y asesinas, sino como criminales mundiales.

En el Perú, desde el año 1924 a través del Código Penal, están penalizadas todas las formas de aborto menos el de tipo terapéutico. El artículo 119 del Código Penal define el aborto terapéutico como el “Aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer embarazada  o de su representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”. De este modo se garantiza la vida de la mujer cuando se dé el caso.  Sin embargo, en el Perú no existe un Protocolo para dicho tipo de aborto, lo cual impide su aplicación en todos los hospitales, clínicas o cualquier otro centro de salud que tuviese las condiciones para realizarlo. Sólo entre el 2005 y el 2010 se registraron cerca de 1000 embarazos donde se presentaron casos de fetos anencefálicos y  otras malformaciones incompatibles con la vida y en los que no se aplicó el aborto terapéutico justamente por la falta de un protocolo, según Informe de Human Rights Watch (2010). ¿Cuántos otros casos no registrados ha habido en el Perú entre esos años y/o al día de hoy?

La aprobación del protocolo para el aborto terapéutico es una de las propuestas del plan de gobierno original del  presidente Ollanta Humala y en la campaña electoral  fue para él una prioridad. Pese a eso no se vislumbra el mínimo interés en implementarlo e incluso en el “Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017” aprobado por el Ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) su aprobación es puesta como meta recién para el año 2017, a pesar de que el actual periodo de gobierno es sólo hasta el 2016.  Otra promesa  incumplida por el actual  gobierno.

Un caso emblemático es el de KL, adolescente a quien se le negó el acceso al aborto terapéutico y fue obligada a llevar el feto anencefálico en su vientre hasta que nació y murió a las pocas horas. Este caso obtuvo una resolución favorable del Comité de Derechos Humanos, la primera dictada sobre un asunto de aborto en el sistema internacional de derechos humanos. Esta misma resolución fue incumplida por el anterior gobierno y  es ignorada por el actual, ahora con la figura de implementarlo, pero fuera del periodo que le corresponde.

La falta de voluntad  política, la presión que ejercen grupos religiosos, medios de comunicación y políticos conservadores, ha evitado e intenta seguir evitando la puesta en marcha y aprobación de un Protocolo para el Aborto Terapéutico. De esta manera, el actual gobierno evade su  responsabilidad por temor a las opiniones de los sectores mencionados, olvidando que es un derecho con carácter legal contemplado en el Código Penal y que, de aprobarse podría salvar y resguardar la salud física y mental de miles de mujeres que podrían acceder a una intervención en condiciones óptimas de salud y seguridad.

Iguales derechos para todos y todas

¿Una persona paga menos impuestos por su orientación o identidad sexual? No. ¿La Constitución Política de Perú valora menos a las personas por alguna razón? Tampoco. ¿La homosexualidad es una enfermedad? No, y la Organización Mundial de la Salud es clarísima en eso. ¿Las leyes del Perú dan distintos deberes a las personas por ser heterosexuales? No. Y así podría seguir con decenas y decenas de preguntas similares y la respuesta siempre seria la misma.

A pesar de todo eso vivimos y crecemos en una sociedad en donde las personas de la comunidad LGTTBI son discriminadas, repudiadas, insultadas y muchas cosas peores aun. Nos enseñan a decirle “marica” al cobarde, “machona” a la mujer fuerte y desde pequeños nos dicen que los homosexuales son “raros”. Con los años nos damos cuenta que incluso en algunos Derechos básicos las personas de dicha comunidad son discriminadas. Tuvieron que pasar muchos años, muchas luchas, muchas peleas para que por fin se empiece a crear algo de conciencia acerca de este mal social que es la discriminación, muchas y muchos lo entienden, pero grandes sectores de la sociedad pregonan la homofobia a través de medios y muchas veces haciendo uso de posiciones en el Estado para bloquear Políticas Públicas que ayuden a erradicar esas malas prácticas. Hay avances a nivel de Gobiernos Locales y Regionales en la lucha contra la discriminación por orientación sexual pero a nivel de Gobierno Central aún hay mucho que hacer.

Una de las cosas que tampoco pueden hacer las parejas del mismo sexo en nuestro país es formar una sociedad conyugal, por más años que estén juntos, por más amor que se tengan, la sociedad y el mismo Estado no les reconocen ningún derecho de pareja, cosas tan simples como decidir sobre los bienes adquiridos en común o que hacer en caso de enfermedad grave. Nuestro Código Civil solo permite los matrimonios entre un hombre y una mujer.

Desde el Poder Legislativo ha habido iniciativas para que en el Perú las personas del mismo sexo puedan tener un modo de unión que contemple los derechos correspondientes que solo los tienen las parejas heterosexuales. Desde el año 1993 con Julio Castro, o en los últimos años con Javier Diez Canseco se han dado iniciativas buscando otorgar los mínimos derechos a esta comunidad. Hace pocas semanas se ha dado uno nuevo con el Proyecto de Ley denominado “Unión Civil no Matrimonial” del Congresista Carlos Bruce que busca, creando una nueva figura jurídica, que exista una sociedad ganancial en la cual las parejas del mismo sexo adquieran derechos que hasta ahora les son esquivos, entre otras cosas. Esta última propuesta viene recibiendo críticas que intentan mostrar fuerza pero no he leído o escuchado hasta el momento, y sé que no aparecerá, algún argumento científico o legal que sirva para oponerse a dicho proyecto de ley. Decir que se opone a lo “natural” o que atenta contra el matrimonio heterosexual y sin mostrar estudios o pruebas de eso, solo es muestra de lo fácil que es hablar y publicar sin siquiera leer o investigar realmente sobre un tema.

Yo creo que lo ideal es el Matrimonio Igualitario, pero también soy consciente que en una sociedad conservadora en la que las ideas religiosas tienen mucha influencia y para la gente es difícil separarlas de las decisiones del Estado, contar con la figura que nos propone Bruce sería un avance y estoy convencido que tenemos que apoyarlo. Pensemos en Francia o en Uruguay que aprobaron leyes similares a la de Bruce hace algunos años y ahora finalmente tienen el tan esperado Matrimonio Igualitario, así que por ahora digamos #UnionCivilYa

Justicia, Memoria y Reparación

Diez años ya desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) hizo entrega pública de su Informe Final (IF). La historia de lo que ocurrió en el Perú entre mayo del años 1980 y noviembre del año 2000 con más de 17000 testimonios  de víctimas, recomendaciones y conclusiones.  Casi 70 mil Peruanas y Peruanos muertos o desparecidos. Más de la mitad culpa de las hordas terroristas, más de un tercio culpa de los agentes del Estado (PNP, FFAA, CAD).
 

Ya hoy el Registro Único de Victimas (RUV) del Consejo de Reparaciones (CR) acredita casi 200 mil víctimas directas e indirectas del CAI, entre muertos, desparecidos, torturados, personas que sufrieron violación sexual u otros tipos de afectación. Un Registro, que a pesar de la voluntad de las personas del CR ha sufrido fuertes problemas de falta de financiamiento que le posibilite descentralizar mejor su trabajo y llegar a zonas afectadas muy distantes geográficamente.

Miles de víctimas que solo buscan Justicia, Memoria y Reparación. Una reparación que a los largo de los últimos gobiernos ha sido prácticamente dejada de lado, incluyendo a este gobierno, a pesar de las promesas iniciales del señor Ollanta Humala. Una reparación económica que no consideran justa y que aun así solo ha sido entregada a un tercio de las víctimas, reparaciones en educación que no llegan ni al 10% de los beneficiarios, reparaciones en vivienda inexistentes  o incluso intentos de reparación simbólica fuertemente criticados por la derecha y el fujimorismo con la complicidad de muchos medios de comunicación.

Pero hay voluntad de muchos, lo demuestra el Gobierno Regional de Junín o la Municipalidad Metropolitana de Lima, ambos con avances en memoria y reparación. Hay mucha gente aun luchando, hay mucha gente aun apoyando, hay partidos que aun levantamos el tema como bandera de lucha y propuestas programáticas. No podemos permitir que las victimas esperen más años, tenemos que seguir exigiéndole reparaciones y sensibilizando a las autoridades regionales y locales, tenemos que seguir exigiendo Justica, tenemos que lograr que el Gobierno Central, que el señor Ollanta Humala deje de agachar la cabeza ante el señor Castilla y se aumente la reparación económica a las víctimas, una reparación que sea justa y reconozca, al menos en parte, la larga espera y sufrimiento. Justicia, Reparación y Memoria,  son claves para la reconciliación.