Iguales derechos para todos y todas

¿Una persona paga menos impuestos por su orientación o identidad sexual? No. ¿La Constitución Política de Perú valora menos a las personas por alguna razón? Tampoco. ¿La homosexualidad es una enfermedad? No, y la Organización Mundial de la Salud es clarísima en eso. ¿Las leyes del Perú dan distintos deberes a las personas por ser heterosexuales? No. Y así podría seguir con decenas y decenas de preguntas similares y la respuesta siempre seria la misma.

A pesar de todo eso vivimos y crecemos en una sociedad en donde las personas de la comunidad LGTTBI son discriminadas, repudiadas, insultadas y muchas cosas peores aun. Nos enseñan a decirle “marica” al cobarde, “machona” a la mujer fuerte y desde pequeños nos dicen que los homosexuales son “raros”. Con los años nos damos cuenta que incluso en algunos Derechos básicos las personas de dicha comunidad son discriminadas. Tuvieron que pasar muchos años, muchas luchas, muchas peleas para que por fin se empiece a crear algo de conciencia acerca de este mal social que es la discriminación, muchas y muchos lo entienden, pero grandes sectores de la sociedad pregonan la homofobia a través de medios y muchas veces haciendo uso de posiciones en el Estado para bloquear Políticas Públicas que ayuden a erradicar esas malas prácticas. Hay avances a nivel de Gobiernos Locales y Regionales en la lucha contra la discriminación por orientación sexual pero a nivel de Gobierno Central aún hay mucho que hacer.

Una de las cosas que tampoco pueden hacer las parejas del mismo sexo en nuestro país es formar una sociedad conyugal, por más años que estén juntos, por más amor que se tengan, la sociedad y el mismo Estado no les reconocen ningún derecho de pareja, cosas tan simples como decidir sobre los bienes adquiridos en común o que hacer en caso de enfermedad grave. Nuestro Código Civil solo permite los matrimonios entre un hombre y una mujer.

Desde el Poder Legislativo ha habido iniciativas para que en el Perú las personas del mismo sexo puedan tener un modo de unión que contemple los derechos correspondientes que solo los tienen las parejas heterosexuales. Desde el año 1993 con Julio Castro, o en los últimos años con Javier Diez Canseco se han dado iniciativas buscando otorgar los mínimos derechos a esta comunidad. Hace pocas semanas se ha dado uno nuevo con el Proyecto de Ley denominado “Unión Civil no Matrimonial” del Congresista Carlos Bruce que busca, creando una nueva figura jurídica, que exista una sociedad ganancial en la cual las parejas del mismo sexo adquieran derechos que hasta ahora les son esquivos, entre otras cosas. Esta última propuesta viene recibiendo críticas que intentan mostrar fuerza pero no he leído o escuchado hasta el momento, y sé que no aparecerá, algún argumento científico o legal que sirva para oponerse a dicho proyecto de ley. Decir que se opone a lo “natural” o que atenta contra el matrimonio heterosexual y sin mostrar estudios o pruebas de eso, solo es muestra de lo fácil que es hablar y publicar sin siquiera leer o investigar realmente sobre un tema.

Yo creo que lo ideal es el Matrimonio Igualitario, pero también soy consciente que en una sociedad conservadora en la que las ideas religiosas tienen mucha influencia y para la gente es difícil separarlas de las decisiones del Estado, contar con la figura que nos propone Bruce sería un avance y estoy convencido que tenemos que apoyarlo. Pensemos en Francia o en Uruguay que aprobaron leyes similares a la de Bruce hace algunos años y ahora finalmente tienen el tan esperado Matrimonio Igualitario, así que por ahora digamos #UnionCivilYa

Justicia, Memoria y Reparación

Diez años ya desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) hizo entrega pública de su Informe Final (IF). La historia de lo que ocurrió en el Perú entre mayo del años 1980 y noviembre del año 2000 con más de 17000 testimonios  de víctimas, recomendaciones y conclusiones.  Casi 70 mil Peruanas y Peruanos muertos o desparecidos. Más de la mitad culpa de las hordas terroristas, más de un tercio culpa de los agentes del Estado (PNP, FFAA, CAD).
 

Ya hoy el Registro Único de Victimas (RUV) del Consejo de Reparaciones (CR) acredita casi 200 mil víctimas directas e indirectas del CAI, entre muertos, desparecidos, torturados, personas que sufrieron violación sexual u otros tipos de afectación. Un Registro, que a pesar de la voluntad de las personas del CR ha sufrido fuertes problemas de falta de financiamiento que le posibilite descentralizar mejor su trabajo y llegar a zonas afectadas muy distantes geográficamente.

Miles de víctimas que solo buscan Justicia, Memoria y Reparación. Una reparación que a los largo de los últimos gobiernos ha sido prácticamente dejada de lado, incluyendo a este gobierno, a pesar de las promesas iniciales del señor Ollanta Humala. Una reparación económica que no consideran justa y que aun así solo ha sido entregada a un tercio de las víctimas, reparaciones en educación que no llegan ni al 10% de los beneficiarios, reparaciones en vivienda inexistentes  o incluso intentos de reparación simbólica fuertemente criticados por la derecha y el fujimorismo con la complicidad de muchos medios de comunicación.

Pero hay voluntad de muchos, lo demuestra el Gobierno Regional de Junín o la Municipalidad Metropolitana de Lima, ambos con avances en memoria y reparación. Hay mucha gente aun luchando, hay mucha gente aun apoyando, hay partidos que aun levantamos el tema como bandera de lucha y propuestas programáticas. No podemos permitir que las victimas esperen más años, tenemos que seguir exigiéndole reparaciones y sensibilizando a las autoridades regionales y locales, tenemos que seguir exigiendo Justica, tenemos que lograr que el Gobierno Central, que el señor Ollanta Humala deje de agachar la cabeza ante el señor Castilla y se aumente la reparación económica a las víctimas, una reparación que sea justa y reconozca, al menos en parte, la larga espera y sufrimiento. Justicia, Reparación y Memoria,  son claves para la reconciliación.

La Municipalidad de Lima y las Reparaciones Simbólicas

El Programa de Reparaciones Simbólicas está incluido en la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR), Ley N.° 28592, y también en su Reglamento. Este programa considera como beneficiarias a todas las víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI) que vivió el Perú en el periodo de 1980 a 2000.

 

El objetivo de este programa es contribuir a la restauración del lazo social quebrado por el proceso de violencia, entre el Estado y las personas y entre las personas mismas, a través del reconocimiento público del daño que les infligió la acción de los grupos subversivos y la acción u omisión del Estado. De esta manera se busca generar la reconciliación nacional de la sociedad peruana con las víctimas.

 

De acuerdo con el marco legal existente y vigente en nuestro país (Reglamento PIR art. 2 y art. 53, LOM, LOGR), es pertinente que tanto los gobiernos regionales así como los gobiernos locales trabajen de manera más efectiva en el PIR, por lo tanto es acorde con sus funciones la ejecución de actividades, proyectos u otras acciones, para el Programa de Reparaciones Simbólicas.

 

Las modalidades de dicho programa son las siguientes:

 

1. Los gestos públicos, que comprenden las disculpas al país por parte de los representantes de los poderes del Estado, cartas a las víctimas o a sus familiares, ceremonias públicas para la difusión masiva del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
2. Los actos de reconocimiento, que comprenden el reconocimiento de todas las víctimas del proceso de violencia, de los inocentes que sufrieron prisión, de los líderes sociales y autoridades civiles, de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de los gobiernos locales, de los miembros de los Comités de Autodefensa, de las organizaciones de afectados por el proceso de violencia y de las organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos y las comunidades
3. Los actos que conduzcan hacia la reconciliación pueden comprender cambios en los símbolos asociados con la violencia en los territorios afectados y sustitución de los símbolos de violación de los derechos humanos por actos simbólicos como el cierre o reacondicionamiento de los penales donde se realizaron violaciones, a propuesta y en coordinación con los afectados
4. Los recordatorios a los héroes de la pacificación asignando nombres a las calles, plazas de la comunidad, puentes, carreteras, distritos o regiones, a propuesta y en coordinación con los afectados
5. La inclusión como “Héroes por la Paz” de las víctimas fallecidas inscritas en el RUV
6. La declaratoria del 28 de agosto de cada año como el “Día del Homenaje a Todas las Víctimas de la Violencia”.

Los actos de memoria no están considerados de manera específica por el Programa de Reparaciones Simbólicas, pero que están enmarcados en dicho programa. Estos son aquellos ejercicios de recuperación de la memoria histórica de los hechos transcendidos durante el CAI (1980-2000), e incluso están considerados en los “lineamientos generales del Programa de Reparaciones Colectivas” como “ejercicios de memoria comunal”. Estos actos, por su carácter narrativo, encajan en este tipo de reparaciones.

 

Los ejercicios de memoria comunal son un modo reivindicativo de la conciencia e identidad comunal; asimismo, es un derecho que la sociedad conozca lo que ocurrió a partir de lo recordado y narrado por los mismos actores que vivieron los lamentables acontecimientos.

 

Tomando en cuenta esto, las “Rutas por la Memoria”, planteadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) como una reparación simbólica  a las víctimas de la ciudad de Lima, son un perfecto reconocimiento a dichas víctimas y colaboran de este modo con el proceso de construcción de la memoria local-histórica y colectiva como obligación del Estado en sus distintos ámbitos. Asimismo esto se encuentra avalado por el marco normativo respectivo.

 

Esperemos que esto no sea lo último que la MML plantee como ejercicio de memoria y reparaciones, y que se siga caminando hacia la construcción de un Plan Integral de Reparaciones Metropolitano. Miles de víctimas lo sabrán agradecer.

 

Por último, es bueno recordar que el Decreto Supremo 015-2006 aprueba el Reglamento de la Ley 28592 (PIR) y que dicho reglamento dice de manera explícita en su art. 5 que en Perú hubo un Conflicto Armado Interno (CAI), por lo que la MML solo estaría cumpliendo con la ley al promocionar las “Rutas de la Memoria” haciendo uso de dicha definición.

Regidoras y regidores jóvenes

El 10 de Agosto del año 2006 fue aprobada la ley N° 28869, “Ley que promueve la participación de la juventud en las listas de regidores”, esta ley modifico el numeral 3 del artículo 10 de la Ley N° 26864, “Ley de elecciones municipales”. Mediante dicha modificación la ley obliga a que las listas de candidatas y candidatos a regidores cuenten con no menos de 20% de ciudadanas y ciudadanos jóvenes menores de veintinueve (29) años. Mediante la Resolución Nº 1338-2006-JNE dicho órgano electoral preciso que una persona joven es parte de la cuota si no ha cumplido veintinueve (29) años hasta el último día del cierre de la inscripción de las listas de candidatos y candidatas.

Si bien dicha modificación puede tomarse como un incentivo para la participación de las y los jóvenes, la realidad demuestra que no es suficiente y debe pasar también por buscar mecanismos de promoción de la participación política juvenil, en los partidos,  así como en los espacios de participación ciudadana (Consejos de coordinación locales y regionales, presupuesto participativo, etc.). Una muestra de lo comentado sobre lo insuficiente de la ley es que las cifras nos dicen que en las elecciones municipales del año 2010 si bien hubo un 31%, en promedio, de candidatos a regidoras y regidoras provinciales y distritales, del total de las personas electas solo el 11% de las y los regidores provinciales son jóvenes y solo 16%  en el caso de los distritos. Como bien nos dicen las cifras, en ningún caso se llegó si quiera a igualar la cuota que manda la ley para el caso de las candidaturas y mucho menos al casi 31% de los jóvenes inscritos como candidatas y candidatos. Esto responde a que si bien la ley obliga a una cuota de jóvenes, dichos jóvenes ocuparon el primer, segundo o tercer lugar en las listas, claro que esto es empezando a contar desde el último lugar.

Esto no quiere decir que este sea el único problema de la poca participación de gente joven en política ya que en realidad dicho problema pasa por cosas como la falta de información hasta la desconfianza hacia dirigentes políticos de generaciones mayores, pero si hablamos de nuevos mecanismos para incentivar dicha participación un ejemplo, desde mi punto de vista, es el acuerdo tomado por Acción Popular con miras a las elecciones municipales del 2014, mediante el cual se han comprometido a tener el doble de candidatas y candidatos jóvenes que exige la ley en las lista de regidores, es decir, llegaran a no menos de 40%.

La Izquierda siempre tuvo, tiene y tendrá como bandera la mayor participación ciudadana así que deberíamos buscar mecanismos que igualen o mejoren la propuesta de Acción Popular, como por ejemplo asegurar que las y los jóvenes no solo ocupen las últimas posiciones en las diversas listas en las elecciones que vengan de aquí a futuro. Es más, eso debería traspasar las iniciativas partidarias y porque no, convertirse en una propuesta normativa.

¿Elecciones este año? Sí, a prepararnos

 El día miércoles 15 de mayo del presente año, el diario oficial “El Peruano” publico el Decreto Supremo 051-2013-PCM; en dicho decreto se convoca a nuevas elecciones en Lima metropolitana para elegir reemplazo de las y los 22 concejales revocados en el proceso de revocatoria del 17 de marzo pasado. Las elecciones han sido convocadas para el 24 de noviembre de este año. Las personas que sean electas ejercerán el cargo por todo el año 2014 y entraran por las y los regidores accesitarios que en este momento están reemplazando a las personas revocadas.

Al parecer, y según algunos medios de comunicación, son ya varios los partidos que anuncian su participación. Desde la izquierda solo Tierra y Libertad tiene inscripción electoral y dados los plazos para las nuevas elecciones es imposible tener inscrito algún otro movimiento local o partido político nacional de la misma tendencia política. Eso, en la práctica, significa que si la izquierda quiere participar debe hacerlo con dicha inscripción, unida y llevando propuestas en  conjunto como lo hicimos el 2010. ¿Es probable un triunfo de una lista así en las elecciones? No es imposible, pero es un hecho que desde el inicio la mayor parte de medios hará lo posible por ‘satanizarla’ por el simple hecho de estar conformada por personas de dicho espectro político. ¿Es posible ir aliados con otras fuerzas de centro? Sí, ya ha habido acercamiento en la campaña del “No” e incluso en el Congreso de la Republica la bancada de la izquierda es una sola con Acción Popular. Eso obliga a acelerar conversaciones y buscar puntos de coincidencia dado que la inscripción de partidos y/o alianzas electorales sería hasta el 27 de julio (Ley de elecciones municipales N° 26864, art. 9). Sea cual sea el caso, es también importante ver el mecanismo de elección de las y los candidatos dado que el plazo para dichas elecciones internas vencería el día 05 de agosto (Ley de partidos políticos N° 28094, art. 22)  y el de la inscripción de dichos candidatos y candidatas el 26 de agosto (Ley de elecciones municipales N° 26864, art. 10).

Siguiendo con lo de las candidaturas, no hay que olvidar que es legal y legítimo que aquellas regidoras y regidores accesitarios que ahora reemplazan a las personas revocadas, pues, tengan aspiraciones de continuar en la gestión metropolitana candidateando en esta oportunidad para de ese modo aspirar a continuar toda la gestión. Asimismo no hay que olvidar que la ley obliga a que dicha lista tenga no menos de 20% de personas jóvenes, menores de 29 años, siendo en este caso 5 y no menos de 30% de personas de un  mismo sexo, en este caso 7 personas (Ley de elecciones municipales N° 26864, art. 10).

A pesar de lo complicado que puede parecer armar dichas listas, a pesar de que nuevamente tendremos que ir a votar, que nuevamente el Estado tendrá que hacer uso de los recursos económicos de todas y todos para algo que pudo evitarse, pues esperemos que las personas que finalmente sean candidatas y candidatos, pues, tengan la capacidad de realizar una buena gestión y sobre todo se elija gente que de preferencia conozca el tema de gestión pública pero que a su vez también tenga un buen nivel de labor y representación política.

Para terminar, dado que la ley manda que las normas aplicadas a estas nuevas elecciones sean las mencionadas, eso significa que la lista ganadora tendrá como máximo 12 representantes en el Concejo Municipal lo que obliga a la izquierda a participar para ganar, pero aun en ese caso la bancada se vería reducida a un máximo de 13 personas, pudiendo dejar no solo de ser mayoría, sino pasar a ser una segunda minoría, de obtener el PPC al menos 3 personas electas. Obviamente de perder, el panorama cambia y no positivamente.