Cuando se habla de aborto,
gran parte de la población tiene reacciones como el susto, el rechazo o la
condena. Recuerdo que guardé por varios
años un folleto que una profesora en sexto de primaria me entregó, como a todos
los alumnos, sobre el aborto. Este
folleto venía acompañado de texto y de muchas imágenes y bocetos que dejaban a
aquellas personas que abortaban, y a las que realizaban el aborto, no sólo como
asesinos y asesinas, sino como criminales mundiales.
En el Perú, desde el año
1924 a través del Código Penal, están penalizadas todas las formas de aborto
menos el de tipo terapéutico. El artículo 119 del Código Penal define el aborto
terapéutico como el “Aborto practicado por un médico, con el consentimiento de
la mujer embarazada o de su
representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante
o para evitar en su salud un mal grave y permanente”. De este modo se garantiza
la vida de la mujer cuando se dé el caso. Sin embargo, en el Perú no existe un Protocolo
para dicho tipo de aborto, lo cual impide su aplicación en todos los
hospitales, clínicas o cualquier otro centro de salud que tuviese las
condiciones para realizarlo. Sólo entre el 2005 y el 2010 se registraron cerca
de 1000 embarazos donde se presentaron casos de fetos anencefálicos y otras malformaciones incompatibles con la vida
y en los que no se aplicó el aborto terapéutico justamente por la falta de un
protocolo, según Informe de Human Rights Watch (2010). ¿Cuántos otros casos no
registrados ha habido en el Perú entre esos años y/o al día de hoy?
La aprobación del protocolo
para el aborto terapéutico es una de las propuestas del plan de gobierno original
del presidente Ollanta Humala y en la campaña
electoral fue para él una prioridad. Pese
a eso no se vislumbra el mínimo interés en implementarlo e incluso en el “Plan
Nacional de Igualdad de Género 2012-2017” aprobado por el Ministerios de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) su aprobación es puesta como meta recién
para el año 2017, a pesar de que el actual periodo de gobierno es sólo hasta el
2016. Otra promesa incumplida por el actual gobierno.
Un caso emblemático es el de
KL, adolescente a quien se le negó el acceso al aborto terapéutico y fue
obligada a llevar el feto anencefálico en su vientre hasta que nació y murió a
las pocas horas. Este caso obtuvo una resolución favorable del Comité de
Derechos Humanos, la primera dictada sobre un asunto de aborto en el sistema
internacional de derechos humanos. Esta misma resolución fue incumplida por el
anterior gobierno y es ignorada por el
actual, ahora con la figura de implementarlo, pero fuera del periodo que le corresponde.
La falta de voluntad política, la presión que ejercen grupos religiosos,
medios de comunicación y políticos conservadores, ha evitado e intenta seguir
evitando la puesta en marcha y aprobación de un Protocolo para el Aborto Terapéutico.
De esta manera, el actual gobierno evade su responsabilidad por temor a las opiniones de
los sectores mencionados, olvidando que es un derecho con carácter legal contemplado
en el Código Penal y que, de aprobarse podría salvar y resguardar la salud física
y mental de miles de mujeres que podrían acceder a una intervención en
condiciones óptimas de salud y seguridad.
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